CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

 

Bogotá, D. C., tres (03) de junio de dos mil once (2011)

Magistrado Ponente:

William Namén Vargas

REF.: 73001-22-13-000-2011-00143-01

Discutido y aprobado en sesión de primero (1º) de junio de dos mil once (2011)

 

Se resuelve sobre la impugnación al fallo de 10 de mayo de 2011, proferido por la Sala Civil – Familia  del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en la acción de tutela de Ángela Maritza López Barrero contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, proceso al que fueron vinculados Asmet Salud EPS-S, Aldemar Dueñas y los Juzgados Séptimo Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito de Ibagué.

 

ANTECEDENTES

 

1.            La actora demandó protección a su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado como consecuencia de lo resuelto en el incidente de desacato promovido por ésta en el proceso de tutela número 2010-00617.

 

2.            En el mencionado trámite constitucional, mediante fallos de 2 de septiembre y 11 de octubre de 2010, se tuteló a la actora su derecho a la protección laboral reforzada por la maternidad, y se ordenó a Asmet Salud EPS-S reintegrarla de manera inmediata al cargo que ésta tenía en la empresa.  Como consecuencia del incumplimiento del fallo de tutela por parte de la entidad, el 26 de octubre de 2010 la actora propuso incidente de desacato, resuelto mediante providencia de 11 de enero de 2011, la cual declaró el incumplimiento del fallo de tutela y en consecuencia impuso sanción a la empresa y ordenó el cumplimiento inmediato del fallo de amparo.

 

Los días 20 de enero y 3 de febrero de 2011, con posterioridad al auto que resolvió el incidente de desacato en primera instancia, Asmet Salud EPS-S radicó varios escritos ante el Juzgado Primero Civil del Circuito; con el segundo de ellos aportó copia de la Resolución interna 002 de 21 de enero de 2011.  Teniendo en cuenta estos últimos documentos, el 7 de febrero siguiente el Juzgado Primero Civil del Circuito profirió auto revocando, en sede de consulta, la sanción impuesta en primera instancia.

 

Alega que el Juzgado Primero Civil del Circuito revocó las decisiones proferidas en primera instancia con base en la copia de una resolución interna de la empresa, que contiene decisiones que ni siquiera le han notificado.  Manifiesta que, contrario a lo afirmado en el mencionado documento, ella nunca ha sido reintegrada a su cargo, y por tanto debe mantenerse en pie lo decidido por el a quo.  Considera que la revocatoria proferida en sede de consulta ha vulnerado sus derechos fundamentales y por ello solicita que se deje sin efectos la decisión proferida en consulta sobre el incidente de desacato.

 

3.            El Tribunal Superior de Ibagué ordenó dar trámite a la acción, notificó a la autoridad requerida y vinculó a Asmet Salud EPS-S, Aldemar Dueñas y los juzgados Séptimo Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito de Ibagué.

 

4.            Surtidos los trámites de la tutela se recibieron las intervenciones de los Juzgados Sexto Civil del Circuito, Séptimo Civil Municipal y de Asmet Salud EPS-S, además de copia de los cuadernos del incidente de desacato.

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA

 

El Tribunal Superior de Ibagué denegó el amparo, pues consideró que en el presente caso la decisión proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito se había dado dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

LA IMPUGNACIÓN

 

La promotora del amparo impugnó el anterior fallo, reiterando a grandes líneas los argumentos de la demanda.

 

 

CONSIDERACIONES

 

1.            Según tesis reiterada de esta Corporación, el amparo no procede contra providencias judiciales, pues no fue concebida como un mecanismo paralelo, que pueda interferir en otros procesos judiciales, para modificar o sustituir las decisiones que en ellos se adopten, a menos que salte a la vista que la decisión es caprichosa, desviada, irrazonable, o tan poco objetiva que configure una “vía de hecho”^[1].

 

2.            El anterior principio tiene mayor fuerza cuando el amparo se ejerce contra una providencia dictada en un incidente de desacato.  En estos casos, quien conoció de la tutela en primera instancia debe determinar si impone o no la sanción prevista por incumplimiento del fallo.  En principio, no es posible acudir a una acción del mismo linaje para revisar lo allí decidido^[2], a menos que se den circunstancias sumamente excepcionales, en las que el juez del desacato se ha extralimitado en el cumplimiento de sus funciones, ha vulnerado el derecho de defensa de las partes del incidente, o ha impuesto una sanción arbitraria^[3].

 

3.            En el presente caso, la gestora del amparo considera que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales, pues en sede de consulta se revocó la decisión de primera instancia que había declarado el incumplimiento  del fallo de tutela e impuesto las sanciones correspondientes, con base en una resolución que fue proferida y aportada al expediente con posterioridad a la imposición de la sanción.

 

4.            El Tribunal consideró que en este caso no se había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la actora fundamentalmente porque el trámite del incidente de desacato se había desarrollado dentro de los términos previstos por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.  En consecuencia, consideró que no era procedente el amparo, y no había lugar a proferir ninguna orden.

 

5.            La Sala difiere de la anterior percepción.  En efecto, el debido proceso en materia de desacato no se restringe al simple cumplimiento de los términos previstos en la ley para fallar o para resolver el grado jurisdiccional de consulta.  En particular, es preciso resaltar que una parte fundamental de esta garantía fundamental la constituye el que las pruebas se aporten, decreten, practiquen y contradigan en los términos y oportunidades previstos en la ley procesal.

 

6.            En este tipo de actuaciones, el aporte, la solicitud y la práctica de pruebas se rigen por lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, es decir, dentro de los tres días de traslado del memorial que dio inicio al incidente de desacato (numeral 2º art. 137 C. P. C).

 

7.            En el caso en examen, el Juzgado acusado en la presente acción de tutela decidió revocar lo decidido por el de primera instancia con fundamento en un documento que no fue aportado en la oportunidad probatoria respectiva.  Más aún: para el momento en que se sancionó a Asmet Salud EPS-S, el documento ni siquiera existía, y fue elaborado diez días después de impuesta la sanción (folio 63 y siguientes del cuaderno principal); incluso en el mismo documento se hace mención expresa de las órdenes proferidas en tutela y de la decisión de desacato.  En fin, no está acreditado que antes de darle valor probatorio a dicho documento se hubiere dado la oportunidad a la parte actora de contradecirlo. 

 

8.            Más allá de los argumentos de fondo que se deben tener en cuenta para decidir el desacato, y si las actuaciones desplegadas por Asmet EPS-S con posterioridad a la orden de tutela constituyen un ejercicio legítimo del ius variandi o la infracción de lo dispuesto por un juez constitucional, la Sala encuentra que la providencia de 7 de febrero de 2011 se basó exclusivamente en una prueba que no fue aportada en las oportunidades que dispone la ley para el efecto, y por tanto no debía ser tenida en cuenta para efectos de la decisión, vulnerando con ello el debido proceso de la actora.

 

9.            Como consecuencia de lo anterior, se dejará sin efectos el mencionado auto, para que en su lugar se profiera uno nuevo, en el que se resuelva la consulta con base en las pruebas regular y oportunamente aportadas al expediente.

 

DECISIÓN

 

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo de primera instancia y TUTELA los derechos fundamentales de la actora.  En consecuencia, DEJA SIN EFECTOS el auto de 7 de febrero de 2011 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué,dentro del incidente de desacato resuelto en el expediente 73001-40-03-007-2010-00617-01 y ORDENA que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia el mencionado Despacho profiera una nueva decisión al incidente de desacato promovido por Ángela López Barrero, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

 

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, envíeseles copia de la presente providencia y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

 

 

 

 

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

 

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

 

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

 

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

 

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

 

WILLIAM NAMÉN VARGAS

 

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

 

Este documento fue creado a partir del original obtenido en la Corte Suprema de Justicia.

 

 

 

^[1] Ver, entre otras, las sentencias de 8 de febrero de 2010, Exp. 73001-22-13-000-2009-00465-01 y de 8 de febrero de 2010, Exp. 68001-22-13-000-2009-00636-01.

 

^[2] Ver la sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382.

 

^[3] Ver, entre otras, la sentencia de esta sala de 21 de febrero de 2010, Exp. 

Cuando una mujer trabajadora en estado de embarazo, tiene complicaciones y pierde el bebé que espera, también tiene derecho a una Licencia Remunerada, pero esta es distinta a la Licencia por Maternidad.

En Embarazos con abortos o partos prematuros No viables, también hay licencias remuneradas

Cuando una trabajadora en medio del embarazo sufra un aborto o parto prematuro No viable, también tiene derecho a una licencia, toda vez que no sólo debe recuperarse físicamente sino también emocionalmente por el dolor sufrido por la pérdida de su embarazo. (Art. 237 del Código Sustantivo del Trabajo)

¿De cuánto es la licencia remunerada en estos casos?

Esta irá entre 2 a 4 semanas, según lo determine el médico de la EPS que la atendió en dicha calamidad.

¿Qué valor corresponde a esta licencia?

Esos días de licencia serán remunerados sobre el mismo valor del salario que devengaba el día que sucedió la pérdida del embarazo.

Si la mujer completó toda su gestación, pero en el trabajo parto falleció su bebé, ¿cómo sería la licencia?

Al igual que un aborto o parto prematuro no viable, la mujer tendrá derecho a que el médico de la EPS le expida la licencia la cual irá entre 2 a 4 semanas, como bien lo determine el galeno. (Art. 237 del Código Sustantivo del Trabajo)

¿Quién paga estas licencias a la trabajadora?

Al igual que la Licencia de Maternidad, esta licencia que irá entre 2 a 4 semanas las paga la EPS a la cual se encuentre cotizando la trabajadora.

ARTICULO 237. DESCANSO REMUNERADO EN CASO DE ABORTO.

1. La trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de dos o cuatro semanas, remunerada con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el descanso. Si el parto es viable, se aplica lo establecido en el artículo anterior.

2. Para disfrutar de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico sobre lo siguiente:

a). La afirmación de que la trabajadora a sufrido un aborto o paro prematuro, indicando el día en que haya tenido lugar, y

b). La indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajado

CONTRATO DE TRABAJO VRS RELACION DE TRABAJO.-

El contrato de trabajo constituye la institución fundamental del derecho del trabajo, en virtud de la cual se aplican todas las normas que rigen la relación jurídica entre empleador y trabajadores.

Podemos decir que esta institución, denominada contrato de trabajo, no aparece en el campo de la literatura jurídica hasta comienzos del presente siglo, como una consecuencia de la evolución y desarrollo de la revolución industrial.

Con ella se quiere tipificar una figura jurídica contractual que se diferencia de la antigua locación de servicios. De ahí que no se trate de un simple cambio de nombre, como pretenden algunos autores, sino de una nueva institución jurídica, surgida a consecuencia de la revisión que trajo aparejado el nuevo planeamiento del problema jurídico-social que representa el trabajo humano en el proceso técnico-económico de la producción, operado con el desarrollo del maquinismo, durante el desenvolvimiento de la vida industrial moderna.

El contrato de trabajo, para Camerlynck y Lyon-Caen, se ha separado, en su régimen jurídico, de las normas del Código Civil, debido al contexto y las exigencias del derecho social en que se sitúa. De este modo, a causa de esta profunda evolución que no ha llegado a su fin, una parte de la doctrina contemporánea, enfrentándose con la tesis liberal tradicional, se pregunta, incluso, si el contrato de trabajo no debe ser rechazado como fuente «genética» y normativa de las relaciones individuales. En su lugar proponen una nueva noción: ¿a relación de trabajo, nacida exclusivamente del hecho de la entrada del trabajador en la comunidad profesional organizada que constituye la empresa.

Este concepto sobre el contrato de trabajo responde a la concepción institucional de la empresa empleadora que rechaza la noción romanista e individualista del arrendamiento de servicios para fijarse e insistir en el carácter personal de las relaciones laborales, distanciándose de este modo del derecho contractual de las relaciones de carácter predominantemente patrimonial.

Pero, sin negar la importancia de la teoría sobre la relación de trabajo, no podemos desconocer el interés que reviste actualmente el contrato de trabajo, aun adoptando incluso la teoría institucional de la empresa, sobre todo, en nuestro medio, donde predomina la organización de la empresa de carácter individualista, que desarrolla su acción dentro de un régimen capitalista liberal.

Actualmente, el contrato de trabajo, por la especificidad de su objeto, el espíritu que lo informa, el carácter imperativo de las disposiciones que reglamentan su ejecución, basadas en principios de orden público, hacen que su naturaleza jurídica no pueda confundirse con la locación de servicios, todo lo cual viene a demostrar que se trata de una institución de principios jurídicos propios, que determinan la particularidad de su naturaleza y condicionan la formación de una nueva rama del derecho que se va a denominar del trabajo.

EN CUANTO A LA DENOMINADA RELACIÓN DE TRABAJO, también comprendida en el art. 24, C.S.T., se trata de una situación de hecho que vincula a la persona que presta la actividad laboral con aquella a favor de quien la ejecuta, como lo hemos expuesto claramente en su oportunidad.

El contrato de trabajo se diferencia de la relación de trabajo, porque en aquél hay un vínculo jurídico, mientras que en ésta sólo existe un nexo fáctico o de hecho, entre quien presta el trabajo y quien se beneficia con dicha prestación.

CONSTANCIA DE LABORES

El suscrito ________, en calidad de _____, hace constar que recibió a satisfacción el informe de labores presentado por el ___, identificado con la cedula de ciudadanía No. ______de Cali (V), correspondiente al periodo del 02 de Septiembre al 01 de_ de  _

 Por lo tanto se autoriza por este ____la cancelación desde el  día dos (__) de _____, la suma de: ____ MONEDA CORRIENTE  ($____) como se describe en la cláusula QUINTA del Contrato de prestación de servicios, correspondiente a la séptima cuota de pago.

Dado en  Santiago de Cali, a los __ días del mes de ___  __

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Bogotá, D. C., tres (03) de junio de dos mil once (2011)

Magistrado Ponente:

William Namén Vargas

REF.: 73001-22-13-000-2011-00143-01

Discutido y aprobado en sesión de primero (1º) de junio de dos mil once (2011)

Se resuelve sobre la impugnación al fallo de 10 de mayo de 2011, proferido por la Sala Civil – Familia  del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en la acción de tutela de Ángela Maritza López Barrero contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, proceso al que fueron vinculados Asmet Salud EPS-S, Aldemar Dueñas y los Juzgados Séptimo Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito de Ibagué.

ANTECEDENTES

1.            La actora demandó protección a su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado como consecuencia de lo resuelto en el incidente de desacato promovido por ésta en el proceso de tutela número 2010-00617.

2.            En el mencionado trámite constitucional, mediante fallos de 2 de septiembre y 11 de octubre de 2010, se tuteló a la actora su derecho a la protección laboral reforzada por la maternidad, y se ordenó a Asmet Salud EPS-S reintegrarla de manera inmediata al cargo que ésta tenía en la empresa.  Como consecuencia del incumplimiento del fallo de tutela por parte de la entidad, el 26 de octubre de 2010 la actora propuso incidente de desacato, resuelto mediante providencia de 11 de enero de 2011, la cual declaró el incumplimiento del fallo de tutela y en consecuencia impuso sanción a la empresa y ordenó el cumplimiento inmediato del fallo de amparo.

Los días 20 de enero y 3 de febrero de 2011, con posterioridad al auto que resolvió el incidente de desacato en primera instancia, Asmet Salud EPS-S radicó varios escritos ante el Juzgado Primero Civil del Circuito; con el segundo de ellos aportó copia de la Resolución interna 002 de 21 de enero de 2011.  Teniendo en cuenta estos últimos documentos, el 7 de febrero siguiente el Juzgado Primero Civil del Circuito profirió auto revocando, en sede de consulta, la sanción impuesta en primera instancia.

Alega que el Juzgado Primero Civil del Circuito revocó las decisiones proferidas en primera instancia con base en la copia de una resolución interna de la empresa, que contiene decisiones que ni siquiera le han notificado.  Manifiesta que, contrario a lo afirmado en el mencionado documento, ella nunca ha sido reintegrada a su cargo, y por tanto debe mantenerse en pie lo decidido por el a quo.  Considera que la revocatoria proferida en sede de consulta ha vulnerado sus derechos fundamentales y por ello solicita que se deje sin efectos la decisión proferida en consulta sobre el incidente de desacato.

3.            El Tribunal Superior de Ibagué ordenó dar trámite a la acción, notificó a la autoridad requerida y vinculó a Asmet Salud EPS-S, Aldemar Dueñas y los juzgados Séptimo Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito de Ibagué.

4.            Surtidos los trámites de la tutela se recibieron las intervenciones de los Juzgados Sexto Civil del Circuito, Séptimo Civil Municipal y de Asmet Salud EPS-S, además de copia de los cuadernos del incidente de desacato.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

 

El Tribunal Superior de Ibagué denegó el amparo, pues consideró que en el presente caso la decisión proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito se había dado dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

 

LA IMPUGNACIÓN

 

La promotora del amparo impugnó el anterior fallo, reiterando a grandes líneas los argumentos de la demanda.

 

CONSIDERACIONES

1.            Según tesis reiterada de esta Corporación, el amparo no procede contra providencias judiciales, pues no fue concebida como un mecanismo paralelo, que pueda interferir en otros procesos judiciales, para modificar o sustituir las decisiones que en ellos se adopten, a menos que salte a la vista que la decisión es caprichosa, desviada, irrazonable, o tan poco objetiva que configure una “vía de hecho”^[1].

2.            El anterior principio tiene mayor fuerza cuando el amparo se ejerce contra una providencia dictada en un incidente de desacato.  En estos casos, quien conoció de la tutela en primera instancia debe determinar si impone o no la sanción prevista por incumplimiento del fallo.  En principio, no es posible acudir a una acción del mismo linaje para revisar lo allí decidido^[2], a menos que se den circunstancias sumamente excepcionales, en las que el juez del desacato se ha extralimitado en el cumplimiento de sus funciones, ha vulnerado el derecho de defensa de las partes del incidente, o ha impuesto una sanción arbitraria^[3].

3.            En el presente caso, la gestora del amparo considera que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales, pues en sede de consulta se revocó la decisión de primera instancia que había declarado el incumplimiento  del fallo de tutela e impuesto las sanciones correspondientes, con base en una resolución que fue proferida y aportada al expediente con posterioridad a la imposición de la sanción.

4.            El Tribunal consideró que en este caso no se había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la actora fundamentalmente porque el trámite del incidente de desacato se había desarrollado dentro de los términos previstos por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.  En consecuencia, consideró que no era procedente el amparo, y no había lugar a proferir ninguna orden.

5.            La Sala difiere de la anterior percepción.  En efecto, el debido proceso en materia de desacato no se restringe al simple cumplimiento de los términos previstos en la ley para fallar o para resolver el grado jurisdiccional de consulta.  En particular, es preciso resaltar que una parte fundamental de esta garantía fundamental la constituye el que las pruebas se aporten, decreten, practiquen y contradigan en los términos y oportunidades previstos en la ley procesal.

6.            En este tipo de actuaciones, el aporte, la solicitud y la práctica de pruebas se rigen por lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, es decir, dentro de los tres días de traslado del memorial que dio inicio al incidente de desacato (numeral 2º art. 137 C. P. C).

7.            En el caso en examen, el Juzgado acusado en la presente acción de tutela decidió revocar lo decidido por el de primera instancia con fundamento en un documento que no fue aportado en la oportunidad probatoria respectiva.  Más aún: para el momento en que se sancionó a Asmet Salud EPS-S, el documento ni siquiera existía, y fue elaborado diez días después de impuesta la sanción (folio 63 y siguientes del cuaderno principal); incluso en el mismo documento se hace mención expresa de las órdenes proferidas en tutela y de la decisión de desacato.  En fin, no está acreditado que antes de darle valor probatorio a dicho documento se hubiere dado la oportunidad a la parte actora de contradecirlo.

8.            Más allá de los argumentos de fondo que se deben tener en cuenta para decidir el desacato, y si las actuaciones desplegadas por Asmet EPS-S con posterioridad a la orden de tutela constituyen un ejercicio legítimo del ius variandi o la infracción de lo dispuesto por un juez constitucional, la Sala encuentra que la providencia de 7 de febrero de 2011 se basó exclusivamente en una prueba que no fue aportada en las oportunidades que dispone la ley para el efecto, y por tanto no debía ser tenida en cuenta para efectos de la decisión, vulnerando con ello el debido proceso de la actora.

9.            Como consecuencia de lo anterior, se dejará sin efectos el mencionado auto, para que en su lugar se profiera uno nuevo, en el que se resuelva la consulta con base en las pruebas regular y oportunamente aportadas al expediente.

DECISIÓN

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo de primera instancia y TUTELA los derechos fundamentales de la actora.  En consecuencia, DEJA SIN EFECTOS el auto de 7 de febrero de 2011 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué,dentro del incidente de desacato resuelto en el expediente 73001-40-03-007-2010-00617-01 y ORDENA que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia el mencionado Despacho profiera una nueva decisión al incidente de desacato promovido por Ángela López Barrero, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, envíeseles copia de la presente providencia y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

 

 

 

 

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

 

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

 

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

 

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

 

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

 

WILLIAM NAMÉN VARGAS

 

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

Este documento fue creado a partir del original obtenido en la Corte Suprema de Justicia.

^[1] Ver, entre otras, las sentencias de 8 de febrero de 2010, Exp. 73001-22-13-000-2009-00465-01 y de 8 de febrero de 2010, Exp. 68001-22-13-000-2009-00636-01.

^[2] Ver la sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382.

^[3] Ver, entre otras, la sentencia de esta sala de 21 de febrero de 2010, Exp.

El Principio de Igualdad y la Sentencia de T-230 de mayo 13 de 1994. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz

“(…).

3). La igualdad en el Estado social de derecho

1. La superación plena de la igualdad formal fue posible con la adopción de los postulados del estado social de derecho, plasmados en constituciones dotadas de los procedimientos judiciales para el control y adecuación del contenido de las leyes a los valores y principios constitucionales. Así, dentro del marco constitucional se ha pretendido extender el principio de igualdad hasta cubrir aquellos casos en los cuales no existe fundamento razonable derivado de la naturaleza de las cosas u otra razón capaz de justificar la diferencia introducida por el legislador.

1.1. El Estado social de derecho presupone el control constitucional de las leyes y la efectividad de los valores, principios y derechos fundamentales del ordenamiento jurídico. En esta perspectiva, la ley pierde la posición de criterio último y definitivo de interpretación, para dar lugar a la preponderancia del texto constitucional.

1.2. La textura abierta de los textos constitucionales que consagran principios y valores, determina un margen amplio de apreciación judicial. Esta libertad en la interpretación es considerada una de las condiciones para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales. Se parte aquí del postulado – ya previsto por Aristóteles en su Ética a Nicómaco – según el cual, los meros conceptos legales, en ocasiones, resultan insuficientes para el logro de la justicia real y efectiva.

2. La transformación del sistema jurídico permite hablar – en relación con el principio de igualdad – de un cambio en el parámetro valorativo o «patrón de igualdad». La voluntad legislativa queda subsumida dentro de un referente superior: la constitución. La ley se convierte así en un medio normativo a través del cual los postulados esenciales del Estado se realizan.

B. El principio de la no discriminación

1. Se discrimina cuando se hace una distinción infundada de casos semejantes. Por lo general, cada ordenamiento jurídico enumera una serie de razones para establecer diferencias consideradas discriminatorias. La norma pionera en esta materia se encuentra en el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, según la cual, «las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común».

2. Los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos han ampliado y desarrollado la idea de la Revolución Francesa. La Declaración Universal dice en su artículo 2-1 que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color sexo, idioma, religión opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».

2.1. La igualdad relativa a la raza, al sexo, a la nacionalidad a la religión, entre otras, constituye un precepto aceptado universalmente que no requiere de razones o explicaciones. Se habla al respecto de presunciones, que dispensan de toda justificación a quienes las asumen, pero que exigen una justificación de quienes las transgreden.

3. Los motivos de discriminación anotados no excluyen otros posibles que puedan dar lugar a un trato infundado. Los textos internacionales, así como la Constitución Colombiana en su artículo 13, tienen un propósito enunciativo y no taxativo. Esta interpretación es, además, la única compatible con el postulado de la efectividad de los derechos consagrado en la constitución política y con los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, en los cuales se prohíbe la discriminación por razones de color, raza, sexo, idioma, religión opinión, (…) y por cualquier otra condición.

4. La justificación del trato jurídico distinto de una situación jurídica equiparable, sólo es posible si se demuestra que ella resulta claramente de la finalidad perseguida por la norma que establece la distinción. En términos de la Corte Europea de Derechos Humanos, «No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas». En este orden de ideas, es necesario tener en consideración los objetivos de la norma que establece la distinción, «los cuales – continúa la Corte – no pueden apartarse de la justicia y de la razón, vale decir no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana»^[1]2

5. Los elementos probatorios involucrados en la aplicación del principio de igualdad han sido definidos de la siguiente manera. Cuando se trata de un problema de igualdad «en» la ley o discriminación «de jure», el término de comparación o «patrón de igualdad» debe ser aportado por el accionante. El análisis de la desigualdad se concentra en la norma jurídica que introduce la desigualdad de trato y no en cuestiones de hecho. En los casos de igualdad por razón de la aplicación de la ley, en cambio, corresponde al aplicador de la norma la justificación del trato diferenciado.

5.1. Cuando la diferencia de trato se enmarca dentro de una de las razones explícitamente señaladas por el artículo 13 de la Carta como discriminatorias, quien la lleve a cabo asume la carga de la prueba que justifique su actuación, pues si ello no es así, se mantiene la presunción de trato inequitativo. En todo caso el trato diferenciado es de recibo si el mismo se orienta a promover la igualdad de una categoría de personas ubicadas en situación de desigualdad.

(…)

4.1. Para que quien aplique el derecho justifique un trato diferenciado debe probar tres elementos: 1) empírico: que se trate de casos diferentes; 2) normativo: que exista un fin normativo que justifique racional y proporcionalmente la diferencia de trato y 3) valorativo: que la medida adoptada sea adecuada – razonable – a la luz de los principios y valores constitucionales…”.

1. 2 CEDH. Sentencia del 23 de julio de 1968 P.34 ↑

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Esta pregunta es muy usual en el ejemplo que traemos esta es una factura de Sandwich Qbano, la pregunta seria: ¿teniendo en cuenta que ellos venden alimentos por que cobran iva de 19% y no impoconsumo del 8%?

Los operadores de franquicias cobran iva.

Art. 426. Servicios excluidos.

Nota 1. Cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering, y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas y discotecas, se entenderá que la venta se hace como servicio excluido del impuesto sobre las ventas -IVA y está sujeta al impuesto nacional al consumo al que hace referencia el artículo 512-1 de este Estatuto.

Parágrafo. El presente artículo no aplica para los contribuyentes que desarrollen: contratos de franquicia, los cuales se encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas -IVA.

La norma exime del impuesto al consumo a los restaurantes que son franquicia o trabajan bajo modelo de concesión, regalía o cualquier otro sistema que implique explotación de activos intangibles ya que estos están gravados por la tarifa general del impuesto sobre las ventas o IVA.

Además, los servicios de comidas preparadas, restaurantes y cafeterías en establecimientos educativos, así como aquellos de alimentación institucional o e empresas bajo contratos de catering tampoco están sometidos al cumplimiento de esta obligación.

Finalmente, de acuerdo con el parágrafo 3 de la ley 1607 de 2012, el impuesto al consumo no se impone para el departamento del Amazonas y el territorio del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, excepto por el caso de los botes, yates y embarcaciones mencionado anteriormente.

Santiago de Cali, ___ de______ de _____

 

Señores:

DIRECCIÓN TERRITORIAL __________________

Quien haga sus veces o quien corresponda

Ministerio del Trabajo

Ciudad

 

Referencia: Presuntas conductas que tipifican Acoso laboral

 

Respetados:

 

Por medio de la presente, solicito muy respetuosamente a su despacho iniciar una investigación administrativa contra la Empresa ____________________________ la cual viene adelantando presuntas situaciones que tipifican Acoso Laboral contra mi persona _______________________________ por parte de la ______________________ y la _____________________________, con base en los siguientes hechos.

 

 

Ingrese a la compañía el día ____ de _____ de ______ AL ___ DE _______ del _________, ejerciendo cargo de __________________ con la compañía ________________ mediante contrato ________________________, en el _________ la compañía renovó el contrato con el mismo cargo en la que estaba vinculada mediante contrato fijo a 1 año el cual ha sido renovado y liquidado cada año.

 

Hasta la fecha no he tenido llamados de atención, ni procesos disciplinarios.

 

1. El día _________ de ________ de ________ la compañía me notifica que mi contrato no será renovado, por medio de un documento escrito, donde establecen la fecha de finalización del contrato es el día ____ de _________  de _________, teniendo en cuenta que el motivo que llevo a la no renovación del mismo es ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Siento una presunta persecución por mi diagnostico ya que, en ________ años de labor, nunca he tenido llamados de atención, ni descargos además los procedimientos se tenían en cuanta a la hora de aclarar cualquier inquietud.

 

 

 

FUNDAMENTOS DEL DERECHO

 

LEY 1010 DE 2006 (Enero 23)

Diario Oficial No. 46.160, de 23 de enero de 2006

 

CONGRESO DE COLOMBIA

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral  y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY Y BIENES PROTEGIDOS POR ELLA. La presente ley tiene  por  objeto  definir,  prevenir,  corregir  y  sancionar  las  diversas  formas  de  agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública.

 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.

 

PARÁGRAFO: La  presente  ley  no  se  aplicará  en  el  ámbito  de  las  relaciones  civiles  y/o comerciales  derivadas  de  los  contratos  de  prestación  de  servicios  en  los  cuales  no  se presenta  una  relación  de  jerarquía  o  subordinación.  Tampoco  se  aplica  a  la  contratación administrativa.

 

ARTÍCULO  2o. DEFINICIÓN  Y  MODALIDADES  DE  ACOSO  LABORAL. Para  efectos  de  la presente  ley  se  entenderá  por  acoso  laboral  toda  conducta  persistente  y  demostrable, ejercida  sobre  un  empleado,  trabajador  por  parte  de  un  empleador,  un  jefe  o  superior jerárquico  inmediato  o  mediato,  un  compañero  de  trabajo  o  un  subalterno,  encaminada a infundir   miedo,   intimidación,   terror   y   angustia,   a   causar   perjuicio   laboral,   generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

 

1. Maltrato laboral. Todo acto  de  violencia  contra  la  integridad  física  o  moral,  la  libertad física  o  sexual  y  los  bienes  de  quien  se  desempeñe  como  empleado  o  trabajador;  toda expresión  verbal  injuriosa  o  ultrajante  que  lesione  la  integridad  moral  o  los  derechos  a  la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

 

2. Persecución laboral: toda conducta  cuyas  características  de  reiteración  o  evidente arbitrariedad  permitan  inferir  el  propósito  de  inducir  la  renuncia  del  empleado  o  trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

 

3. Discriminación laboral: todo trato  diferenciado  por  razones  de  raza,  género,  origen familiar  o  nacional,  credo  religioso,  preferencia  política  o  situación  social  o  que  carezca  de toda

 

razonabilidad desde el punto de vista laboral.

 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o

hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

 

6. Desprotección laboral: Toda conducta  tendiente  a  poner  en  riesgo  la  integridad  y  la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

 

ARTÍCULO 3o. CONDUCTAS ATENUANTES. Son conductas atenuantes del acoso laboral:

 

1. a) Haber observado buena conducta anterior.
2. b) Obrar en  estado  de  emoción  o  pasión  excusable,  o  temor  intenso,  o  en  estado  de  ira  e intenso dolor.
3. c) Procurar voluntariamente,  después  de  realizada  la  conducta,  disminuir  o  anular  sus consecuencias.
4. d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total.
5. e) Las condiciones  de  inferioridad  síquicas  determinadas  por  la  edad  o  por  circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta.
6. f) Los vínculos familiares y afectivos.
7. g) Cuando existe  manifiesta  o  velada  provocación  o  desafío  por  parte  del  superior, compañero o subalterno.
8. h) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.

 

PARÁGRAFO. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el caso de violencia contra la libertad sexual.

 

ARTÍCULO 4o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. Son circunstancias agravantes:

 

1. a) Reiteración de la conducta;
2. b) Cuando exista concurrencia de causales;
3. c) Realizar la  conducta  por  motivo  abyecto,  fútil  o  mediante  precio,  recompensa  o  promesa remuneratoria,
4. d) Mediante ocultamiento,  o  aprovechando  las  condiciones  de  tiempo,  modo  y  lugar,  que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor partícipe;
5. e) Aumentar deliberada  e  inhumanamente  el  daño  psíquico  y  biológico  causado  al  sujeto pasivo;
6. f) La posición  predominante  que  el  autor  ocupe  en  la  sociedad,  por  su  cargo,  rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad;

 

1. g) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable;
2. h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo.

 

ARTÍCULO 5o. GRADUACIÓN. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único, para la graduación de las faltas.

 

ARTÍCULO  6o. SUJETOS  Y  ÁMBITO  DE  APLICACIÓN  DE  LA  LEY. Pueden  ser  sujetos activos o autores del acoso laboral:

– La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra  posición  de  dirección  y  mando  en  una  empresa  u  organización  en  la  cual  haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo;

– La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de jefe de una dependencia estatal;

– La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral;

–  Los  trabajadores  o  empleados  vinculados  a  una  relación  laboral  de  trabajo  en  el  sector privado;

– Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública; Los  jefes  inmediatos  cuando  el  acoso  provenga  de  sus  subalternos.  Son  sujetos  partícipes del acoso laboral:

– La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral;

–  La  persona  natural  que  omita  cumplir  los  requerimientos  o  amonestaciones  que  se profieran por los Inspectores de Trabajo en los términos de la presente ley.

 

PARÁGRAFO: Las situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la presente ley   son   sólo   aquellas   que   ocurren   en   un   ámbito   de   relaciones   de   dependencia   o subordinación de carácter laboral.

 

ARTÍCULO  7o. CONDUCTAS  QUE  CONSTITUYEN  ACOSO  LABORAL.

Se  presumirá  que hay  acoso  laboral  si  se  acredita  la  ocurrencia  repetida  y  pública  de  cualquiera  de  las siguientes conductas:

1. a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;
2. b) Las expresiones  injuriosas  o  ultrajantes  sobre  la  persona,  con  utilización  de  palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;
3. c) Los comentarios  hostiles  y  humillantes  de  descalificación  profesional  expresados  en presencia de los compañeros de trabajo;
4. d) Las injustificadas  amenazas  de  despido expresadas  en  presencia  de  los  compañeros de trabajo;
5. e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;
6. f) La descalificación  humillante  y  en  presencia  de  los  compañeros  de  trabajo  de  las propuestas u opiniones de trabajo;
7. g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;
8. h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;
9. i) La imposición  de  deberes  ostensiblemente  extraños  a  las  obligaciones  laborales,  las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y  el  brusco  cambio  del  lugar  de  trabajo  o  de  la  labor  contratada  sin  ningún  fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa;
10. j) La exigencia  de  laborar  e  n horarios  excesivos  respecto  a  la  jornada  laboral  contratada  o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados;
11. k) El trato  notoriamente  discriminatorio  respecto  a  los  demás  empleados  en  cuanto  al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales;
12. l) La negativa  a  suministrar  materiales  e  información  absolutamente  indispensables  para  el cumplimiento de la labor;
13. m) La negativa  claramente  injustificada  a  otorgar  permisos,  licencias  por  enfermedad, licencias  ordinarias  y  vacaciones,  cuando  se  dan  las  condiciones  legales,  reglamentarias o convencionales para pedirlos;
14. n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

En  los  demás  casos  no  enumerados  en  este  artículo,  la  autoridad  competente  valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo

 

2o. Excepcionalmente  un  sólo  acto  hostil  bastará  para  acreditar  el  acoso  laboral.  La autoridad competente  apreciará  tal  circunstancia,  según  la  gravedad  de  la  conducta  denunciada  y  su capacidad  de  ofender  por  sí  sola  la  dignidad  humana,  la  vida  e  integridad  física,  la  libertad sexual y demás derechos fundamentales.

Cuan do las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil.

 

ARTÍCULO 8o. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

1. a) Las exigencias  y  órdenes,  necesarias  para  mantener  la  disciplina  en  los  cuerpos  que componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida;
2. b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
3. c) La formulación  de  exigencias  razonables  de  fidelidad  laboral  o  lealtad  empresarial  e institucional;
4. d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar  la  eficiencia  laboral  y  la  evaluación  laboral  de  subalternos  conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento;
5. e) La solicitud  de  cumplir  deberes  extras  de  colaboración  con  la  empresa  o  la  institución, cuando  sean  necesarios  para  la  continuidad  del  servicio  o  para  solucionar  situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución;
6. f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública.
7. g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la Constitución.
8. h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 á 57del C.S.T, así como  de  no  incurrir  en  las  prohibiciones  de  que  tratan  los  artículo 59 y 60 del mismo Código.
9. i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.
10. j) La exigencia  de  cumplir  con  las  obligaciones,  deberes  y  prohibiciones  de  que  trata  la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.

 

 

 

 

PARÁGRAFO. Las  exigencias  técnicas,  los  requerimientos  de  eficiencia  y  las  peticiones  de colaboración  a  que  se  refiere  este  artículo  deberán  ser  justificados,  fundados  en  criterios objetivos y no discriminatorios.

 

ARTÍCULO 9o. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL ACOSO LABORAL.

1. Los reglamentos  de  trabajo  de  las  empresas  e  instituciones  deberán  prever  mecanismos de  prevención  de  las  conductas  de  acoso  laboral  y  establecer  un  procedimiento  interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités   de   empresa   de   carácter   bipartito,   donde   existan,   podrán   asumir   funciones relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo.

 

2. La víctima  del  acoso  laboral  podrá  poner  en  conocimiento  del  Inspector  de  Trabajo  con competencia  en  el  lugar  de  los  hechos,  de  los  Inspectores  Municipales  de  Policía,  de  los Personeros  Municipales  o  de  la  Defensoría  del  Pueblo,  a  prevención,  la  ocurrencia  de  una situación  continuada  y  ostensible  de  acoso  laboral.  La  denuncia  deberá  dirigirse  por  escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos.

La  autoridad  que  reciba  la  denuncia  en  tales  términos  conminará  preventivamente  al empleador  para  que  ponga  en  marcha  los  procedimientos  confidenciales  referidos  en  el numeral  1  de  este  artículo  y  programe  actividades  pedagógicas  o  terapias  grupales  de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada.

 

3. Quien se  considere  víctima  de  una  conducta  de  acoso  laboral  bajo  alguna  de  las modalidades  descritas  en  el  artículo 2º de  la  presente  ley  podrá  solicitar  la  intervención  de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso laboral.

 

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo corregido por el artículo 1 del Decreto 231 de 2006. El nuevo texto  es  el  siguiente:>  Los  empleadores  deberán  adaptar  el  reglamento  de  trabajo  a  los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación, y  su  incumplimiento  será  sancionado  administrativamente  por  el  Código  Sustantivo  del Trabajo.  El  empleador  deberá  abrir  un  escenario  para  escuchar  las  opiniones  de  los trabajadores  en  la  adaptación  de  que  trata  este  parágrafo,  sin  que  tales  opiniones  sean obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral. <Notas de Vigencia>

 

PARÁGRAFO  2o. La  omisión  en  la  adopción  de  medidas  preventivas  y  correctivas  de  la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, se entenderá como tolerancia de la misma.

 

 

PARÁGRAFO  3o. La  denuncia  a  que  se  refiere  el  numeral  2  de  este  artículo  podrá acompañarse  de  la  solicitud  de  traslado  a  otra  dependencia  de  la  misma  empresa,  si existiera una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad competente como medida correctiva cuando ello fuere posible.

 

ARTÍCULO 10. TRATAMIENTO SANCIONATORIO AL ACOSO LABORAL. El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así:

 

 

 

 

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor público.
2. Como terminación  del  contrato  de  trabajo  sin  justa  causa,  cuando  haya  dado  lugar a  la renuncia  o el  abandono  del trabajo  por  parte  del  trabajador  regido por  el  Código  Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere.
4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos profesionales el   cincuenta   por   ciento   (50%)   del   costo   del   tratamiento   de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral.  Esta  obligación  corre  por  cuenta  del  empleador  que  haya  ocasionado  el  acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes   de   que   la   autoridad   competente   dictamine   si   su   enfermedad   ha   sido   como

consecuencia  del  acoso  laboral,  y  sin  perjuicio  de  las  demás  acciones  consagradas  en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores.

5. Con la  presunción  de  justa  causa  de  terminación  del  contrato  de  trabajo  por  parte  del trabajador,  particular  y  exoneración  del  pago  de  preaviso  en  caso  de  renuncia  o  retiro  del trabajo.
6. Como justa  causa  de  terminación  o  no  renovación  del  contrato  de  trabajo,  según  la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno.

 

PARÁGRAFO  1. Los  dineros  provenientes  de  las  multas  impuestas  por  acoso  laboral  se destinarán  al  presupuesto  de  la  entidad  pública  cuya  autoridad  la  imponga  y  podrá  ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la debida actualización de valor.

 

PARÁGRAFO  2. Durante  la  investigación  disciplinaria  o  el  juzgamiento  por  conductas constitutivas  de  acoso  laboral,  el  funcionario  que  la  esté  adelantando  podrá  ordenar motivadamente  la  suspensión  provisional  del  servidor  público,  en  los  términos  del  artículo 157 de la Ley 734 de 2002, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima.

 

ARTÍCULO 11. GARANTÍAS CONTRA ACTITUDES RETALIATORIAS.A fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, establézcanse las siguientes garantías:

1. La terminación  unilateral  del  contrato  de  trabajo  o  la  destitución  de  la  víctima  del  acoso laboral  que  haya  ejercido  los  procedimientos  preventivos,  correctivos  y  sancionatorios consagrados en la presente Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial   o   de   control   competente   verifique   la   ocurrencia   de   los   hechos   puestos   en conocimiento.
2. La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, podrá provocar

el  ejercicio  del  poder  preferente  a  favor  del  Ministerio  Público.  En  tal  caso,  la  competencia disciplinaria  contra  el  denunciante  sólo  podrá  ser  ejercida  por  dicho  órgano  de  control mientras  se  decida  la  acción  laboral  en  la  que  se  discuta  tal  situación.  Esta  garantía  no operará cuando el denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial.

3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y los pactos colectivos. Las anteriores garantías  cobijarán  también  a  quienes  hayan  servido  como  testigos  en  los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley.

 

PARÁGRAFO. La  garantía  de  que  trata  el  numeral  uno  no  regirá  para  los  despidos autorizados por el Ministerio de la Protección Social conforme a las leyes, para las sanciones disciplinarias  que  imponga  el  Ministerio  Público  o  las  Salas  Disciplinarias  de  los  Consejos Superiores o Seccionales de la Judicatura, ni para las sanciones disciplinarias que se dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o queja de acoso laboral.

 

ARTÍCULO 12. COMPETENCIA. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar  de  los  hechos  adoptar  las  medidas  sancionatorias  que  prevé  el  artículo 10 de  la presente Ley, cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior  y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley.

 

ARTÍCULO  13. PROCEDIMIENTO  SANCIONATORIO. Para  la  imposición  de  las  sanciones de que trata la presente Ley se seguirá el siguiente procedimiento: Cuando  la  competencia  para  la  sanción  correspondiere  al  Ministerio  Público  se  aplicará  el procedimiento previsto en el Código Disciplinario único.

 

Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo se citará a audiencia, la

cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud o queja.  De  la  iniciación  del  procedimiento  se  notificará  personalmente  al  acusado  de  acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión  se  proferirá  al  finalizar  la  audiencia,  a  la  cual  solo  podrán  asistir  las  partes  y  los testigos o peritos. Contra la sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo.

 

ARTÍCULO  14. TEMERIDAD  DE  LA  QUEJA  DE  ACOSO  LABORAL. Cuando,  a  juicio  del Ministerio  Público  o  del  juez  laboral  competente,  la  queja  de acoso  laboral  carezca  de  todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de  la  remuneración  que  el  quejoso  devengue,  durante  los  seis  (6)  meses  siguientes  a  su imposición.

 

Igual  sanción  se  impondrá  a  quien  formule  más  de  una  denuncia  o  queja  de  acoso laboral con base en los mismos hechos. Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a que pertenece la autoridad que la impuso.

 

ARTÍCULO  15. LLAMAMIENTO  EN  GARANTÍA. En  los  procesos  relativos  a  nulidad  y restablecimiento del derecho en los cuales se discutan vicios de legalidad de falsa motivación o desviación de poder, basados en hechos que pudieran ser constitutivos de acoso laboral, la parte  demandada  podrá,  en  el  término  de  fijación  en  lista,  llamar  en  garantía  al  autor  de  la conducta de acoso.

 

ARTÍCULO  16. SUSPENSIÓN  DE  LA  EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  DEL  DESEMPEÑO LABORAL.

Previo  dictamen  de  la  entidad  promotora de  salud  EPS  a  la  cual  está  afiliado  el sujeto  pasivo  del  acoso  laboral,  se  suspenderá  la  evaluación  del  desempeño  por  el  tiempo que determine el dictamen médico.

 

ARTÍCULO 17. SUJETOS PROCESALES. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria que se   adelante  por   acoso   laboral,   el   investigado   y   su   defensor,   el   sujeto  pasivo   o   su representante, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Nacional.

 

ARTÍCULO  18. CADUCIDAD. Las  acciones  derivadas  del  acoso  laboral  caducarán  seis  (6) meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley.

 

ARTÍCULO   19. VIGENCIA   Y   DEROGATORIA. La   presente   ley   rige   a   partir   de   su promulgación y deroga o modifica todas las que le sean contrarias o incompatibles

 

NOTIFICACIÓN

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Convencidos de su apoyo agradecemos su gestión.

 

 

____________________________________

C.C. No. ___________________________

Santiago de Cali, _____de _______ de ______

Señores:

DIRECCIÓN TERRITORIAL __________________

Quien haga sus veces o quien corresponda

Ministerio del Trabajo

Ciudad

 

Asunto: Estabilidad laboral reforzada

Respetados:

 

Teniendo en cuenta que el derecho a la estabilidad laboral reforzada consiste en: “ (i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la desvinculación del mismos y; (iv)  a que la autoridad laboral competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no establecerse, el despido sea declarado ineficaz”.

 

Ponemos en conocimiento a su despacho y amparados en la ley 361 de 1997, Artículo 53 de la constitución política de Colombia y las sentencias C-470 de 1997 y T-041 de 2014 de la Corte Constitucional la situación de debilidad manifiesta del ___________________________ identificada con cédula No. _____________________ de ______________________, quien se desempeña actualmente como __________________ en la compañía ___________________________, por ____________, el cual padece una enfermedad degenerativa  con el siguiente diagnóstico: ___________________________ se realizan exámenes para determinar la evolución de la enfermedad en posible ______________________  me remiten con ________________________________________ y demás exámenes indispensables para el seguimiento del diagnóstico inicial.  Asistí a la cita con ________________________ el día ______ de ______ de ________ se me diagnostica ____________________________ y tengo pendiente nuevamente cita con el _______________________________ en cuanto tenga los resultados de los exámenes.

 

Nota: Adjunto historia clínica y autorizaciones de la _________________________.

 

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES

 

________________________ domicilio principal: _________________________________________. Teléfono: ____________________., Domicilio seccional: ____________________________ Oficina: ______________________________________, ____________________, Teléfono: ____________. ______________________________________________.

 

 

 

______________________________________________________

Domicilio: ________________________________________________

Celular _______________________

Email: ________________________

 

 

 

 

 

Convencidos de su apoyo agradecemos su gestión.

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,

 

 

________________________________________

C.C: _________________ DE ________

 

Carta aportando copias aviso art 292 codigo general del proceso

 

 

Señores

JUZGADO ___ CIVIL MUNICIPAL DE CALI

 

REFERENCIA: DEMANDA – PROCESO EJECUTIVO MINIMA CUANTIA.

RADICADO: 2019____

Demandante_______. C.C. No. ______

Demandados: _______________

 

 

 

Recibí citación y copia de la demanda y mandamiento de pago,  notificándome hoy __6 de junio de 2019.

 

A los hechos de la demanda debo manifestar:

 

Si firmamos el pagare. Si debemos dinero.

Hago la siguiente claridad:

 

Se trata de un negocio de préstamo de dinero: a _______, me presto dinero en varias ocasiones mi amigo ________, ambos nos conocemos por los negocios de compra y venta de m_____, me presto varias veces y nunca firmamos nada, era negocio de palabra. Luego, como no pude pagar la deuda de esos préstamos personales, vino ______a cobrarnos y asesoraba el señor _____ a favor de su esposa ______ y a mí me pidieron codeudora y por eso firmo mi hija ______________-. Hasta donde yo recuerdo el saldo de capital que adeudábamos era por aproximadamente la suma de die_____________millones de pesos para 2018, sin embargo el pagare lo firmamos como esta, sin espacios en blanco.

 

Respecto, de las pretensiones de la demanda, yo necesito un plazo para pagar, pido por favor me concedan un plazo de seis meses para empezar a pagar la deuda. El negocio de madera no está bien en este momento, estamos en quiebra y por eso necesito el plazo.

 

Cordialmente:

 

____________________________,

R__________________,

Cali, ___________-

 

 

 

minuta solicitud entrega de bien mueble proceso ejecutivo con titulo prendario

SEÑOR

JUEZ __ CIVIL MUNICIPAL DE CALI

1. S. D.

 

REFERENCIA:             SOLICITUD ENTREGA MUEBLE   PROCESO:                  EJECUTIVO CON TITULO PRENDARIO   RADICACIÓN:              __________   DEMANDANTE:           ______________   DEMANDADO:             _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____________expedida en la ciudad de Cali, obrando en calidad de demandado dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito solicitar que el despacho de por terminado el proceso y se me restituya la motocicleta de placas __________ que se encuentra retenida en la instalaciones de la empresa ________________, según consta en documento adjunto, así mismo pido muy comedidamente sea aplicado lo que dispone la ley 1730 de 2014, la cual sustituye lo contenido en el artículo 128 de la ley 769 de 2002 y reza lo siguiente “El anterior procedimiento no será aplicado a los vehículos que hayan sido inmovilizados por orden judicial, los cuales seguirán el procedimiento señalado por la ley, caso en el cual la autoridad judicial instructora del proceso respectivo tendrá que asumir el costo del servicio de parqueadero y/o grúa prestado hasta el día que el vehículo sea retirado del parqueadero”

 

Por otro lado, al presente memorial me permito adjuntar copia del paz y salvo en el que se demuestra que en la actualidad no hay motivo alguno para el secuestro de la motocicleta objeto del Litis, toda vez que desde el 14 de mayo del presente año sanee la deuda con el aquí demandante.

 

Además, quiero dejar constancia de que nunca se me notifico como lo disponen los artículos 291, 292 y 293 del CGP de la presente demanda y que solo me di por enterado de la misma al momento de ser secuestrado el inmueble por un agente de policía.

 

Finalmente y en aras de demostrar que efectivamente la motocicleta de placas S___________se encuentra en poder del juzgado me permito adjuntar copia del acta policial No. ___8 en donde deja a disposición del despacho el mueble ya antes mencionado.

 

 

 

Atentamente,

 

 

 

 

__________________

C.C. No_____________ de Cali